En septiembre Tribunal Superior de Bogotá decidirá sobre futuro de Asensi

Tras concluir la audiencia del recurso de apelación a la decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio que ordenaba a CDO regresarle el dinero a 5 familias dueñas de apartamentos en Asensi, el Tribunal pidió un plazo para emitir un fallo. 
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Por Daniel Palacio Tamayo
 
El Tribunal Superior de Bogotá escuchó a las partes en la audiencia que estaba programada para el día de hoy, pero pidió un plazo hasta septiembre para fallar sobre el tema, por lo que la angustia yla espera de las 5 familias demandantes se posterga aún más. La audiencia buscaba solucionar apelación al fallo de la SIC en el que se ordena a Alsacia CDO regresarle el dinero a 5 familias que compraron en esa unidad residencial como medida de reparación, tras de que los edificios no se pudieran ocupar por fallas estructurales como las que llevaron al colapso del edificio Space.
Asensi pequeEn ese fallo, la SIC no reconocía para estas familias una reparación efectiva por medio de la repotenciación del edificio como pretendía la constructora, quien impugnó el fallo de la Superintendencia. Igualmente, la abogada de estas cinco familias, también demandó ese primer fallo, con el propósito de solicitar que la empresa constructora, actualmente en proceso de reorganización, fuera condenada por publicidad engañosa.

Igualmente, las familias que no han podido gozar del inmueble por las fallas constructivas, esperan que el alto tribunal vincule a las demás sociedades del grupo constructor “ordenándoles la devolución del precio pagado y falle los perjuicios por publicidad engañosa”, indicaron las familias demandantes por medio de un comunicado.

Por otro lado, este jueves a las 9 de la mañana se reanudará el juicio contra los curadores vinculados al caso del colapso del edificio Space que cobró la vida de 12 personas, entre ellas el joven Juan Esteban Cantor. En ese sentido el presidente Juan Manuel Santos hoy sancionó la ley de vivienda segura o “AntiSpace” que establece protección a los compradores de vivienda, incremento a las medidas de seguridad durante la construcción de edificaciones y controles más rigurosos para los curadores urbanos.