Tatequieto al descontrol urbanístico

Las “agallas” de algunos constructores amenazaban con dejarle a El Poblado mayor densificación urbanística, problemas de legalidad, de convivencia ciudadana, de corrupción abierta y de poderes y mafias absolutas; además, escenarios legales absorbidos por la ilegalidad. La inquietante enumeración es del exedil del barrio Laureles, Carlos Ríos Puerta.

Álvaro Berdugo López, ex vicealcalde de Planeación y Gestión Territorial afirma, al respecto: “Encontramos una ciudad ocupada con muchos intereses económicos detrás de los urbanistas, en zonas como El Poblado. Específicamente encontramos casos aberrantes como el de personas que construían, a su decir, viviendas de interés prioritario, pero que hacían trampa: esto quiere decir que te vendían un coco vacío y cobraban por terminarlo y por los parqueaderos, para evadir los aportes a la ciudad. Eso se atacó de frente…”

Reparando en el proyecto Frontiere (ahora llamado La Frontera), líderes encabezados por Elisa Sánchez, presidenta de Corpoblado, establecieron hace unos cinco años, que había en el sector diez licencias similares para grandes proyectos, como uno de casi 1.800 apartamentos, del mismo constructor. Llevaron la inquietud a la alcaldía de entonces, porque también detectaron que las curadurías tenían culpa: una de ellas parecía trabajar “en manguala” con los edificadores, dice la señora Sánchez.

La actual Administración tomó cartas en el asunto: Álvaro Berdugo, entonces director de Planeación, precisa que gracias a una acción popular la dependencia pudo hacerse parte civil para enderezar la situación. Además, “se expidió un decreto que buscaba aumentar el número de parqueaderos de estos proyectos, para que el costo fuese casi que el real. Eso hacía que se acomoden las cosas”.

Otro impulsor de estos logros en Medellín fue el entonces edil del barrio Laureles, Carlos Ríos, quien por las vías jurídicas logró frenar 38 proyectos de falsas Viviendas de Interés Prioritario y Social VIP. Según sus cálculos, se construyeron en Medellín 1.346 proyectos (entre 15 y 20 mil viviendas).

Por fin, un doliente
De acuerdo con lo establecido en el Decreto 833 de 2015, el ejercicio de autoridad sobre la urbanización, la construcción y la ilegalidad en usos del suelo compete a la nueva Secretaría de Gestión y Control Territorial. Abarca el control a curadores urbanos, el recibo de obras y otros aspectos de vivienda segura.

En un documento producido para Vivir en El Poblado, el Departamento de Planeación expresó que “Esta Administración regularizó y controló de manera particular a las curadurías, con acciones como: revisión periódica y detallada de los trámites, verificando la radicación en legal y debida forma, de acuerdo con la norma nacional; consolidación de una base de datos unificada, con el fin de estandarizar la información entregada por las curadurías y ejercer un mayor control sobre las licencias otorgadas; informes periódicos de hallazgos en la función de control a las curadurías; reporte al Concejo de Medellín y a las entidades de control y emisión de circulares normativas para la interpretación de asuntos específicos, y precisar procedimientos en el licenciamiento”. Además, con el proyecto de ley denominado “Vivienda Segura” se pretende ejercer un mayor control a los curadores urbanos, a través de la Superintendencia de Notariado y Registro.

También precisa Planeación que “La Administración Municipal ha presentado aproximadamente 70 denuncias ante la Fiscalía General de la Nación por proyectos que presuntamente superaron el precio de venta para VIP”. Señala la importancia de que el ciudadano denuncie, pues como comprador obtiene información de primera mano sobre los precios de venta y las negociaciones de los constructores. Estas pruebas permiten presentar nuevas denuncias. Y advierte: “Quienes compran viviendas en este tipo de edificios, se hacen parte de una propiedad construida en forma irregular”.

Conviene recordar que, mediante circular 043 del 23 de enero de 2013, el Departamento Administrativo de Planeación puso fin a la proliferación de falsas VIP. Esto significa que no se han aprobado nuevos proyectos con las características que se venían desarrollando, es decir, torres de gran altura con altísimas densidades.

Para tipificar el control ejercido sobre estos proyectos se cita el caso de Poblado Bonito (2.925 viviendas y 293 parqueaderos), “en el cual se encontró que la licencia había perdido su vigencia, se informó a la curaduría para que negara un trámite de modificación que no era procedente, y finalmente con las acciones adelantadas no se construirá este proyecto VIP”, revela la Alcaldía.

Luis Guillermo Restrepo, vocero de la Curaduría Urbana Uno, aclara que el nuevo POT identificó sectores donde se puede promover esta figura; ahora es más clara la reglamentación por cuanto se especifican densidades y nuevos topes, según el sector. Agrega que últimamente se presentan pocos proyectos.

A su turno Ríos Puerta explica que “El espíritu de las VIP era bajar el déficit habitacional de los estratos 1, 2 y 3; eso no se cumplió, porque la figura VIP se convirtió en la principal mafia de Medellín. Porque era más rentable construir VIP que tener una plaza de vicio, que extorsionar, que el narcotráfico, por la simple razón de que la rentabilidad es más alta y tiene capacidad de lavado de activos”.