Se necesita un nuevo decreto

  
 Quien tenga dudas sobre supuestas irregularidades en cobros de parqueaderos puede dirigirse a la Inspección de Protección al Consumidor, al teléfono 493 9767. 
   
 Una de las quejas más frecuentes que se reciben en Vivir en El Poblado es la relacionada con las tarifas de algunos parqueaderos. Una de ellas es la de Clara Inés González, quien manifiesta su indignación porque hace poco debió pagar cinco mil pesos por estacionarse a la intemperie en las afueras de San Fernando Plaza, después de una hora gratuita. “Me demoré un poco más de la hora porque estaba haciendo varias diligencias allí mismo, pero igual me cobraron los cinco mil pesos, no sirvió que demostrara consumos dentro del complejo comercial y que dijera que no me lo habían advertido”. También le sorprende que sea más mucho más barato estacionarse en el parqueadero cubierto del mismo complejo comercial.
Sobre el tema, la directora de Comunicaciones y Mercadeo del Conjunto Inmobiliario San Fernando Plaza, Diana Marcela Tobón, indica que las tarifas en sus estacionamientos obedecen a una determinación del Consejo General de Administración de la Copropiedad, tomada en 2008. Hasta antes del 1 de noviembre de ese año, el parqueo en el área externa de este complejo de negocios no tenía cobro, situación que muchos conductores aprovechaban para estacionar allí sus vehículos e irse para otros lugares de la Milla de Oro, mientras que los verdaderos clientes del San Fernando no tenían donde dejar sus carros. Por eso a partir de esa fecha empezó la modalidad que rige hoy: la primera hora gratuita y de la segunda en adelante cada hora cuesta cinco mil pesos. El objetivo, asegura, es ofrecer comodidad y agilidad a los visitantes. Pero también enfatizan en San Fernando Plaza en que el parqueadero interno es el más económico de la Milla de Oro, con los primeros 15 minutos gratuitos y un cobro de dos mil pesos por dos horas, cuatro mil por tres horas y seis mil el día.

Es legal
En este caso del C.I San Fernando Plaza el cobro es legal y no especulativo por cuanto se ajusta a la normatividad vigente en Medellín. Así lo afirma Guillermo Mejía Martínez, Inspector de Protección al Consumidor en la ciudad. Su dependencia, adscrita al Municipio, es la encargada de vigilar y hacer que se cumplan las normas que regulan los parqueaderos abiertos al público, decretos expedidos por el Alcalde como primera autoridad administrativa de la ciudad.
En Medellín existen dos decretos sobre este tema. El primero es el 021 de 1997, el cual establece dos tipos de parqueaderos: los regulados y los no regulados, también llamados controlados y liberados. Esta disposición delimita cinco zonas en la ciudad exentas de regulación para cobros de tarifas de parqueaderos que estén a nivel, una de ellas en El Poblado (con algunos límites) y el San Fernando Plaza está incluido en esta categoría de no regulados.
Según este decreto, también están liberados para cobros de tarifas los parqueaderos que se encuentran en cualquier parte de Medellín pero en altura, es decir, con un mínimo de dos pisos, categoría de la que, igualmente, hace parte San Fernando por cuanto su área externa pertenece a su parqueadero en altura toda vez que es administrado por ellos mismos.
El segundo decreto, el 1268 de 1999, hace alusión a las tarifas, las cuales deben incrementarse año por año de acuerdo con el IPC. Para la fecha, según el inspector Guillermo Mejía, el cobro por hora de los parqueaderos controlados o regulados no debe exceder los 1.810 pesos más el IVA. Si hay especulación, si se cobra más de lo permitido, rige entonces un decreto nacional, el 2876 del 94, el cual establece multas que van hasta cinco salarios mínimos legales mensuales vigentes y contempla el cierre en caso de reincidencia.
Sin embargo, advierte el Inspector de Protección al Consumidor que los dos decretos municipales mencionados no contemplan las nuevas modalidades de cobros que han surgido en los últimos años, por ejemplo los minutos gratuitos y las fracciones de hora, lo que genera una especie de limbo jurídico que convierte en improcedentes algunas sanciones. De ahí que asegure que el Municipio ya está en mora de elaborar una nueva disposición legal que refleje la realidad.