¿Quién responde?

Las minorías a las que nos referimos construyen y ponen en funcionamiento una ciudad paralela, atropellan a sus anchas amplios sectores, imponen cambios de uso y ocupan el espacio público
 
En su gran mayoría, las empresas dedicadas a la construcción son responsables y respetuosas de las normas y trámites. Pero actúa en nuestro medio una dañina minoría que soslaya la norma, se vale de triquiñuelas y de funcionarios con bajos estándares éticos y genera de este modo desigualdad, al tiempo que fortalece una cultura del todo vale. Entre estos constructores están los que trabajan para personas o empresas que no respetan norma alguna y cuyo objetivo evidente es hacer un cambio de uso no permitido o desconocer obligaciones viales y de espacio público.

Estos constructores se aprovechan de la extraña desconexión que existe entre las normas vigentes y su cabal aplicación. Saben que entre las dependencias encargadas de “controlar” existen vacíos misionales que limitan su accionar, así que terminan “chutándose la pelota”, según el decir popular, permitiendo crear hechos irreversibles.

Ante el hecho creado, después de pasar por planeación y curaduría, finalmente el ente controlador es una inspección de policía, que carece de herramientas reales para proceder, no tiene los acuerdos necesarios con otras entidades para actuar o la capacidad de ejercer una acción oportuna, expide actos administrativos que no puede notificar, y la mayoría de las veces ni siquiera logra identificar legalmente al infractor. En la práctica, entre la decisión de una autoridad y su aplicación se produce un paréntesis de inacción que, cuando pretenden actuar, ya las obras se encuentran terminadas, y perdida la posibilidad de aplicar en forma oportuna una sanción o un correctivo.

¿Hasta cuándo nos hablarán de una reforma para armonizar las actividades de Planeación con las de las curadurías? Pasan los días, no se llega a acuerdos, y mientras tanto las minorías a las que nos referimos construyen y ponen en funcionamiento una ciudad paralela, atropellan a sus anchas amplios sectores, imponen cambios de uso y ocupan el espacio público, sin consecuencias para ellas. ¿La ciudadanía en general tiene que resignarse a estos desmanes sigilosos pero dañinos? Entonces, ¿quién nos defiende? ¿A qué instancias llevar las quejas? La impotencia ciudadana se sigue afianzando.

Un caso más: la continuidad de la prolongación de la vía Los Parra está en veremos. Lo que debió hacer parte de una obligación de vía futura que correspondía a un particular, se extravió en los vericuetos del nadie sabe nada. Luego, ¿la oficina de Planeación no tiene a cargo lo relacionado con los futuros espacios públicos para vías y obras complementarias? ¿Dónde se pierden estos controles? ¿Por qué razón? ¿Con qué interés?

El diseño operacional del puente en el sector El Tesoro cabe también en este costal de situaciones anómalas, y las pretendidas explicaciones no resultan convincentes. Por ejemplo: si se trabajó con diseños de 2008, ¿para cuántos años se proyectó una obra de esa envergadura? Si los diseños eran de limitada proyección, ¿por qué no los ajustaron antes de ejecutar la obra? ¿Por qué no se previó el inconveniente en la direccionalidad definida para esa obra?.
En últimas, tanto el accionar privado, como el público, en los aspectos enunciados, ¿quién lo controla?