No hemos dejado de imponer multas

A pesar de lo que dicen en algunas copropiedades de El Poblado sobre el decreto 356 de 1994, de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, SVSP, el que ordena contratar personal idóneo para el manejo de las porterías (casi siempre vigilantes de empresas de seguridad), su aplicación sigue vigente y en marcha.

Vivir en El Poblado habló con Paula Andrea Palacio, Directora Regional de la SVSP, sobre el trabajo que adelanta esa entidad entre las copropiedades de Medellín que aún no se han acogido al decreto. Al respecto la funcionaria fue enfática al decir que no se han suspendido las multas ni los procesos sancionatorios en curso contra las copropiedades que han contratado empresas de vigilancia ilegales o que han mantenido a personas no autorizadas al frente de sus porterías. “El decreto tiene más de 10 años de expedido y solo hasta ahora se está exigiendo su cumplimiento”, aclaró y agregó: “Tenemos apoyo jurisprudencial basado en una sentencia de la Corte Constitucional que avala lo que estamos haciendo; por eso no hemos dejado de imponer multas a quienes violan el decreto”.

La funcionaria explicó que la SVSP viene planeando un programa educativo para explicarle a las copropiedades los beneficios que para su seguridad tiene esta norma, aunque, amplía, eso en ningún momento significa que se suspenda su aplicación. “Queremos que aprecien las ventajas de tener vigilantes formados y entrenados para esa función, que saben qué hacer en caso de emergencia y que tienen contacto directo con la policía y demás autoridades; no los queremos perseguir sino proteger”, dijo.

En cuando al reclamo hecho por algunas copropiedades de Medellín por el posible despido de sus porteros para cambiarlos por vigilantes, la funcionaria dice que el decreto no ordena su despido: “Los porteros se pueden organizar en sistemas comunitarios de vigilancia como ya ocurre en Belén, por ejemplo. Estamos buscando salidas al proceso de transición”.

Consejos de administración apunten este teléfono: 336 2789, extensión 128. Es un número de Bogotá, de la oficina jurídica de la SVSP. Allí pueden dirigir sus dudas y preguntas al respecto. La extensión 109 es para la recepción de quejas.


¿Qué pasará con los porteros si se hacen las cosas como pide la SVSP?

Según Diego Restrepo, abogado especialista en propiedad horizontal, “la llegada de vigilantes armados puede convertir las unidades en fortalezas y no es lo que piden los habitantes de estos complejos. En Colombia las copropiedades generan entre 80 mil y 100 mil empleos y en Medellín la cifra está en las 4 mil copropiedades y los 16 mil empleos (…) La finalización sin justa causa de los contratos a los 100 mil porteros y conserjes del país tendría un costo cercano al billón de pesos, pues se estima que por cada empleado serían mínimo 7 u 8 millones de pesos en indemnización en promedio. En Medellín el costo sería aproximadamente de $128 mil millones”.