La pólvora parece obligatoria

La fuerza y la razón no han sido suficientes ¿Qué se ingeniarán, desde el mismo primero de enero, en pleno cierre de fiestas, los nuevos gobernantes?
 
La escena de dos vecinos de San Julián, un par de semanas atrás, es elocuente: ríen, celebran, cantan, que no tiene mal, al contrario, que en diciembre puede ser visto como más que necesario, hasta obligatorio, y, atención, echan voladores desde el balcón del apartamento. Contra la ley, contra las normas de convivencia, contra la lógica.

Echaron voladores desde su balcón en una ciudad que prohibió la pólvora en cada diciembre y enero desde el último lustro, entonces se saltaron las prohibiciones: compraron el explosivo a alguien que en la transacción también se burló de la norma, lo transportaron, lo quemaron.

En ese momento la risa de los polvoreros se transforma en carcajada contra la ley, las campañas educativas, el manual de convivencia del edificio y contra los heridos. También contra quienes han perdido sus vidas en lo que parecía una parranda.

Pasaron diez días de la Alborada, que dejó 10 personas quemadas, más dos víctimas de disparos al aire, como también celebran algunos aquí, y la pólvora a luces y estruendos sigue demostrando su poder. El poder ante la Ley expresado por vendedores y por consumidores. Ni el último enfoque de las campañas, para sensibilizar a los polvoreros en favor de mascotas y de animales silvestres, caló.
Más que prohibida, la pólvora parece de uso obligatorio y es en todo el Aburrá. Y bajo esa mirada, hay venta de globos en los semáforos y ha habido festivales como el de El Chispero, en 2010, en el que vecinos que no aceptaron órdenes ni normas ni control agredieron a la Policía.

Herencia campesina, de los bisabuelos, de los paramilitares en diciembre de 2003… más que el origen, que también debe ser considerado para la búsqueda de soluciones, la clave ahora es el rumbo. Un nuevo rumbo. Porque ni las cifras de heridos (11 hasta el miércoles 9) ni su magnitud (79 víctimas de amputación en Colombia la temporada pasada, según el Instituto Nacional de Salud) asustan a los usuarios. Porque el buen ejemplo de la Alcaldía de Medellín (no promovió eventos con pirotecnia) ni sus campañas (basadas en Más luz, menos pólvora), bastan. Porque los operativos de la Policía (en el más reciente reportado cayeron 350,8 kilos en 12 barrios) no logran contener el fenómeno.

¿Cuál es ese nuevo rumbo? El del uso de la fuerza por parte de las autoridades, tanto en prevención como en operativos en pleno festejo, no ha sido suficiente. Quedan mal los funcionarios que proclaman que la pólvora está prohibida y es perseguida, mientras su discurso tiene como telón de fondo el estallido incesante durante 40 días de todo tipo de artefactos.

Otro rumbo es el de generación de conciencia ciudadana, que, hasta ahora, también ha sido de creatividad indiscutible, pero de efectos limitados.

Y el concepto de “guerra avisada”: se asumirá que quien elige usar pólvora, pese a advertencias y prohibiciones, y sufre un accidente de quemadura o amputación, correrá bajo su propio riesgo, tampoco es la salida, pues tratamiento, medicamentos, ocupación de camas y destinación de especialistas no tiene una repercusión individual. Pagamos todos.

La fuerza y la razón no han sido suficientes ¿Qué se ingeniarán, desde el mismo primero de enero, en pleno cierre de fiestas, los nuevos despachos de Seguridad, Salud, Cultura Ciudadana, Medio Ambiente y Juventud, el propio Alcalde y los nuevos Concejo y Asamblea? No es un reto menor.