La justicia para los ciudadanos del común


Por: Juan Carlos Vélez Uribe

En el Congreso de la República cursa actualmente un proyecto de reforma constitucional que pretende transformar la administración de justicia en el país. El proyecto ya es un cúmulo de iniciativas producto de la necesidad que desde hace tiempos se ha venido planteando de generar grandes cambios en la justicia colombiana; con esta sumamos ya 12 propuestas tramitadas desde 1991, de las cuales ninguna ha prosperado. Confiamos que ésta si lo logre.
El proyecto en su esencia está orientado a producir una reforma en temas que a mi modo de ver no van en dirección de atender los intereses del ciudadano del común, pues se detiene en resolver los problemas que a la luz del Gobierno y de la rama judicial se han venido produciendo en las más altas instancias de la administración de justicia.
Plantea, entre otros, definir si procede o no la tutela contra providencias judiciales de las Altas Cortes, las calidades para ser magistrado, si debe o no reformarse el Consejo Superior de la Judicatura, si debe existir el Consejo Nacional Electoral o no, si se les suman funciones a las altas cortes, si debe haber doble instancia para el juzgamiento de congresistas, etc. Temas que pueden ser de interés de ciertos círculos de opinión del país, más no de la gente del común, del ciudadano de la calle. Por el contrario, hemos venido dando la batalla en el Congreso para que la justicia en Colombia sea un servicio que preste el Estado y le llegue a todos los colombianos.
Esta reforma debe contener propuestas que incluyan soluciones al sentimiento generalizado de mis conciudadanos, que en Colombia no hay una administración de justicia que le llegue a todos; pues no nos referimos a que no haya normas para solucionar las disputas jurídicas entre las personas, o que no exista como proteger el bien jurídico de la convivencia ciudadana o que no podamos resolver por la vía judicial los litigios contenciosos con el Estado, nuestra preocupación reside más bien en que situaciones sencillas y de fácil solución no tienen salida diferente que acudir a las vías de hecho.
Por ejemplo, cuando una empresa de servicios públicos cobra más de lo que corresponde, debe uno pagar primero para poder reclamar, o la empresa de telefonía celular que no le advierte al usuario que no puede realizar ciertos consumos en el exterior o la lavandería que le destruye su vestido y no le responde, y cuando le roban su celular, capturan al delincuente y a la hora lo dejan en libertad.
Trabajaré desde el Congreso, como coordinador de ponentes, para que haya una propuesta de una justicia expedita y eficaz a través de una figura similar a la tutela, para que esos pequeños problemas entre los ciudadanos se puedan resolver; para que quien atente contra la seguridad de las personas sea debidamente sancionado y para que los procesos judiciales en Colombia no sigan siendo tan extensos, lo cual nos pone en el lugar 170 de 176 países evaluados por la consultora “Doing Bussines”, de amplia reputación.
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