La Fiscalía saca sus ases

Presentó pruebas para acusar formalmente por el delito de prevaricato por acción a los excuradores Eliney Francis y Carlos Alberto Ruiz, involucrados en el caso Space

Las pruebas los comprometen con el colapso de la torre 6 de Space, en el que el 12 de octubre de 2013 murieron 12 personas. La excuradora segunda Eliney Francis había otorgado la licencia de construcción para las etapas 1, 2 y 3 de este conjunto residencial, y el relevado curador Carlos Ruiz, quien la sucedió, aprobó las tres etapas restantes. Ahora el proceso entra en la etapa de juzgamiento. Luego serán citados por el ente acusador Pablo Villegas, representante legal de la constructora CDO; María Cecilia Posada, directora de obra en Space, y Jorge Aristizábal, diseñador estructural del edificio, a quienes imputaron por homicidio culposo.

11 familias siguen en ascuas
Las 19 familias damnificadas de Space que el 6 de octubre firmaron un preacuerdo con la constructora CDO, ya recibieron el contrato de transacción definitivo, mediante el cual se verán restituidas en sus derechos patrimoniales. Estas 19 familias deberán decidir entre dos propuestas de pago: la primera que reconoce un valor de tres millones de pesos por metro cuadrado construido, incluyendo terrazas, que se pagarían así: un millón 400 mil pesos por metro cuadrado, suma que se cancelaría en efectivo con cargo a la fiducia mercantil, y el saldo se entregaría una vez se venda el lote donde estaba ubicado Space.

Una segunda propuesta contempla el pago de tres millones 300 mil pesos por metro cuadrado construido, pagados asÍ: un primer contado equivalente a un millón 400 mil pesos por metro cuadrado, suma que se cancelaría en efectivo con cargo a la fiducia mercantil, y el saldo (un millón 900) se cancelaría con la transferencia del dominio de bienes inmuebles de la Parcelación Mirador del Retiro o de Mirador del Poblado, ambas de propiedad de la Sociedad Calamar CDO S.A.S.

En relación con las 11 familias que no firmaron el acta de intención y que están representados por el jurista Javier Tamayo en una acción de grupo, aún no deciden el camino a tomar. El abogado Luis Botero, del bufete de abogados de Tamayo, comenta: “Consideramos que hay dos tipos de víctimas; unas para quienes su apartamento era el único patrimonio, tal vez estas decidan llegar a un arreglo con la constructora y aceptar la base de los tres millones de pesos por metro cuadrado, aunque les hemos manifestado que es un punto de partida muy bajo. Otras, son familias inversionistas, que viven por fuera del país y que tenían apartamento en Space, y quienes han manifestado su intención de seguir adelante con la demanda porque sienten que no solamente perdieron sus viviendas sino que también sufrieron daños adicionales”.

El parque genera recelo
Algunos vecinos de Space, en particular los habitantes de la urbanización Altos del Poblado, han manifestado su descontento ante la posibilidad de que en el lote de Space se construya un parque, como lo anunció el alcalde Aníbal Gaviria durante el primer aniversario de la tragedia. Mario Alberto Marín, administrador de Altos del Poblado, comenta que los residentes de esta unidad temen que al convertir el lote en parque, sea utilizado para el consumo de drogas y para que los amigos de lo ajeno hagan de las suyas. Comenta, además, que ya tienen la experiencia con una urbanización cercana a la que justamente circunda un parque, espacio que por cierto ha tenido que pasar al cuidado de los habitantes del sector por el abandono en que lo tiene sumido el Municipio. “En esa unidad vecina se entraron seis veces los ladrones, al parque que está al lado toca mantenerlo, podarlo y estar pendientes de él. Si nos dijeran que en el lote de Space van a construir una biblioteca o algo similar no nos opondríamos”, comenta el administrador.

Entre tanto, la Alcaldía de Medellín solicitó el avalúo del lote y está a la espera de que se resuelvan los aspectos jurídicos para comprarlo y decidir su futuro.