¿Valorización?

 Por: Francisco Ochoa 
 Renuevo mi apoyo para que se ejecuten las 22 obras incluidas dentro del paquete del proyecto de valorización; apoyo de manera contundente la idea de que ello genera impacto positivo en el empleo; participo del planteamiento de que son obras indispensables y se requieren con urgencia; comparto que ayudarán a mitigar en parte el atraso vial que muestra El Poblado y la ciudad en general. Sin embargo, discrepo de la idea que estas obras, en su totalidad, como pretende la Administración Municipal, se financien con derrame de valorización.
El modelo de captura de recursos por valorización no es siempre aplicable. Puede ser útil cuando genere valorización en los inmuebles situados en el área de cobertura, pero en el caso que nos congrega, considero que es muy forzado, siendo realista, pensar que la obra pueda financiarse plenamente con recursos provenientes de la valorización generada a los inmuebles.
Como reitero estar de acuerdo en la importancia de ejecutar las 22 obras, de generar empleo, hago énfasis en pedirle a la Administración Municipal que, con la debía anticipación, estudie alternativas de financiación, entre las cuales me permito sugerir:
1.Derrame de valorización por beneficio general, ampliando el área de derrame, pues es evidente que buena parte de las obras a ejecutar no solo beneficiarán a El Poblado; beneficiarán muchas otras zonas del municipio de Medellín y de otros municipios vecinos.
2.Implementar el cobro del uso de las vías mediante el sistema de peajes urbanos. Esta alternativa, que requiere tiempo en su implementación, debe estudiarse para ser utilizada en algunos de los corredores viales a construir pues estos beneficiarán más al vehículo que a las propiedades. Es un sistema de cobro justo, que permite que el usuario real de las vías (el vehículo) sea quien pague por el uso de las mismas. De paso, esta medida incentivaría el uso de sistemas de transporte colectivo.
3.Utilización de la participación en plusvalía. Esta herramienta existe en nuestra legislación desde hace 21 años (ley 9ª de 1989) y lamentablemente nuestra autoridades, pudiendo y debiendo usarla como un mecanismo que permite un reparto justo de cargas y beneficios, no la han implementado ni regulado su utilización, desperdiciando grandes esfuerzos e inmensos recursos que se han invertido y que en algunos casos han beneficiado predios de particulares, a quienes el Estado, en este caso el municipio de Medellín, ha podido reclamar una parte del plusvalor generado, tal como lo permiten (y obligan según opinión de algunos expertos juristas) las leyes 9ª de 1989 y 388 de 1997.
En resumen, alabo la bondad de las obras, pero deseo hacer claridad en la importancia de buscar mecanismos de financiación que permitan asegurar la ejecución de las mismas, ya que el beneficio de generación de valor en las propiedades es bastante incierto y discutible.
Por último: no resulta muy amable que en las presentaciones del Fonval se ha vuelto reiterativo presentar cuenta de cobro por las inversiones ejecutadas por la Administración Municipal en el sector de El Poblado en los últimos 50 años.

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