¿Quién manda a quién?

¿Quién manda a quién?
En el lugar por donde se supone debe pasar una vía pública, un particular no solo hizo un cerramiento ilegal sino que no ha habido forma de que cumpla una obligación urbanística de 1977

En el barrio Villa Carlota, en la carrera 43 B con la calle 18, detrás del Centro Automotriz, existe una gigantesca puerta metálica corrediza que protege el parqueadero de un particular, quien construyó allí unas bodegas. El hecho no sería problema si el cerramiento no fuera ilegal y lo que se estuviera tapando no fuera justamente lo que se supone debería ser una vía pública, según consta en archivos municipales que datan del año 1977. El otro agravante es que no se trata de cualquier vía pública sino de una que sería de suma importancia para descongestionar la Avenida El Poblado y dar solución a uno de los grandes problemas de movilidad que tiene hoy la comuna 14, los más graves de la ciudad.
Por considerar ilegal la construcción de esta puerta, el 31 de marzo pasado la Inspección Segunda de Control Urbanístico impuso al contraventor una multa de 37 millones 929.406 pesos y le ordenó la demolición del cerramiento en un término de 60 días. Según la inspectora Dora Liliana Osorio, el ofendido en este caso es “la sociedad” por la violación que hace el contraventor de la ley 388 de 1977. Pese a que el infractor interpuso varios recursos legales todos fueron resueltos ratificando la sanción y a la fecha está en mora de hacerse cumplir.

Historia del absurdo
La historia es vieja, larga y confusa. En síntesis, data del año 1977 cuando el propietario del terreno se comprometió con el Municipio de Medellín a ceder y a construir una faja de vía pública como compensación a un desarrollo urbanístico en el área. Sin embargo, han pasado 34 años y ni la faja ha sido cedida, ni el trecho de vía de 212.45 mt2 ha sido construido y, como si fuera poco, hace dos años se hizo un cerramiento ilegal que impide la movilidad pública. Lo que no se entiende es por qué en más de tres décadas el Municipio no ha obligado al particular a cumplir lo pactado, más cuando se trata de una obra que sería de servicio para toda la comunidad.
Al respecto, el Subdirector de Planeación Territorial de Medellín, Juan Diego Lopera, manifestó que “nos queda muy difícil coger al señor a la fuerza, llevarlo a una notaria y obligarlo a que nos entregue el terreno y haga la vía. Es responsabilidad del inspector de policía que le ha faltado hacer el procedimiento, como es obligar al infractor a solucionar el problema y, en últimas, mejorar las condiciones de movilidad que tiene El Poblado.”
Por su parte, la Inspectora Segunda de Control Urbanístico, Dora Liliana Osorio, argumentó que “nuestra competencia solo es sancionar construcciones sin licencia y allí verificamos que hay un cerramiento sin licencia en vía pública, impusimos una multa y ordenamos demoler. Ellos tienen que ceder unos perfiles viales, pero eso no nos corresponde a nosotros.”
Para William Freydell, habitante de El Poblado y quien denunció este caso a la inspección de policía, el problema de fondo es que el Municipio no se cruza la información. “No se ha dado cuenta de que no le han cumplido con las obligaciones y dice que no tiene un mecanismo eficiente para hacerlas cumplir. Y esa obligación nunca expira. El Vivero Municipal (colindante) perdió su acceso con este cerramiento”.
Entre tanto, el abogado Alejandro Pineda, representante legal de la firma sancionada, insistió en que “el Municipio tuvo cinco años desde 1977 para hacer cumplir ese acto administrativo y no lo hizo. El beneficiario de la licencia era otro y en consecuencia a ellos (los dueños actuales) no les aplica”. Añadió que “no hay afectación del espacio público” y que el cerramiento o puerta metálica instalada en 2009 “estaba desde 1988”.