Gobierno y autoridades van en neutra en el caso Uber

Es grave que víctimas adopten el papel de victimarios. Las razones y las normas no se reivindican a punta de fuerza. Y también es grave que las autoridades sean las últimas que se enteren de cada ataque a conductores
 
Los videos (disponibles en vivirenelpoblado.com) son elocuentes y recuerdan otros escenarios de la vida nacional en los que grupos que se consideraron víctimas adoptaron el papel de victimarios, por supuesto mediante el uso de la violencia.

En este caso son conductores de taxi que, en gavilla, y bajo diversas formas de protesta, desde la intimidación a la manera de “no habrá más advertencias”, hasta los golpes a personas y el vandalismo contra vehículos, acorralaron en las calles a transportadores del servicio Uber.

Son víctimas, dicen los taxistas, de un sistema que no tiene reconocimiento legal y que les compite de manera desleal, dado que Uber, señalan, no tiene la misma carga de erogaciones y se rige bajo una restricción de pico y placa diferente.

Los ataques se han venido extendiendo en el país, con El Poblado como epicentro de la violencia en Medellín. Por una mezcla de necesidades de movilidad, poder adquisitivo e insatisfacción frente al transporte en taxi, por servicio deficiente, Uber encontró un mercado pulpito.

Es grave que víctimas adopten el papel de victimarios. Las razones no se reivindican a punta de fuerza. Y también es grave que las autoridades de seguridad sean las últimas que se enteren de cada ataque a conductores.

La Policía, que llegó tarde a los hechos, ordenó un operativo con agentes encubiertos que, por la tranquilidad de esta ciudad, debe ir más allá de simples anuncios con efectos disuasivos y revelar la raíz del problema. Debe establecer si hay pago de recompensas por cada Uber atacado y si Easy Taxi también está en la mira de los conductores transformados en actores violentos. La Policía debe proteger orden, vidas y bienes.

Pero si la Policía avanza en neutra, qué decir del gobierno. “Reglamentaremos Uber” se está quedando en un anuncio de noviembre desde Bogotá. Bajo ese escenario, la secretaría de Movilidad seguirá evaluando el servicio de estos vehículos como ilegal y, en sentido estricto, no debería pesar el favoritismo de los usuarios para que las autoridades dejen de vigilar el cumplimiento de la Ley.

Mientras la Policía no ha logrado contener los ataques y el Gobierno no define la legalidad, el tono de amenaza en las calles, que ya se extendió a las oficinas de Uber, va tomando perfil de bomba de tiempo. Los violentos, que siguen planeando acciones de “defensa”, lo advirtieron: “No habrá más advertencias”.