“Eso no es alcahuetear”

Diego Restrepo, gerente de Vivienda Segura, explica las motivaciones de la Alcaldía para adquirir el lote donde quedaba Space

Aunque durante el primer aniversario de la tragedia de Space el alcalde Aníbal Gaviria manifestó la posibilidad de construir un parque en el lote donde quedaba la unidad residencial, aún no define nada, pues la decisión depende del avalúo corporativo que haga la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín. En relación con la posible compra del lote por parte de la Alcaldía, el gerente de Vivienda Segura, Diego Restrepo, comenta: “Si el lote vale X, nosotros buscaríamos que con ese X nos paguen lo que nos deben –costos por la atención de la tragedia y la demolición de las torres 1 a la 4–, lo que es casi decir que nosotros ya hemos pagado parte del lote; quedaría un saldo que se pagaría no a Lérida CDO sino a la propiedad horizontal que es la dueña del lote”. Valga aclarar que Lérida CDO es la propietaria del 70 por ciento del lote, el 30 por ciento restante es de Calamar (sociedad matriz del grupo constructor) y de una pequeña porción de proapietarios que aún no han negociado.

También es preciso recordar que una de las dos propuestas de pago que quedó estipulada en el acta de intención de conciliación que firmaron 19 de los propietarios de Space con CDO y que sigue vigente, proponía reconocer un valor de tres millones de pesos por metro cuadrado construido, incluyendo terrazas, que se pagarían así: un millón 400 mil pesos por metro cuadrado, suma que se cancelaría en efectivo con cargo a la fiducia mercantil, y el saldo se entregaría una vez se vendiera el lote donde estaba Space. Así pues, por ejemplo, si el terreno quedara avaluado en 20 mil millones de pesos, tal como lo han manifestado expertos en otros medios locales, la Alcaldía cruzaría cuentas con la constructora CDO, de tal manera que quedaran saldados los tres mil quinientos millones de pesos que costó la atención de la emergencia de Space tras el colapso de la torre seis, más los mil 500 millones que pagó el Municipio a Demoliciones Atila por la implosión de las torres 1 a la 4; pendientes por pagar estarían los 15 mil millones de pesos que el Municipio tendría que desembolsar por la compra del lote.

Argumentos para adquirir el lote
Ante la pregunta de si comprar el lote no sería una “alcahuetería” por parte de la Alcaldía, teniendo en cuenta que prácticamente con los 15 mil millones de pesos estaría proporcionándole a la constructora CDO la solución para responderles a las familias que van a firmar el acuerdo de transacción, el gerente de Vivienda Segura contestó: “Eso no es alcahuetear. Ese lote está en el comercio, no se puede congelar ni se puede expropiar, la confiscación en Colombia no existe, entonces hoy lo puede comprar un constructor y volver a desarrollar una torre, y ahí hubo 12 muertos… ¿Vamos a dejar que donde hubo una tragedia de ese tamaño se construya nuevamente?”.

Restrepo también argumenta la intención de compra del lote por parte del Municipio en que “gente que indirectamente tiene relación con CDO está presionando para que ahí se pueda hacer un mall comercial… ¿Vamos a permitir un mall comercial donde hubo una tragedia? Eso sí sería alcahuetear; la ciudad y en especial El Poblado ¿qué espacio público tienen? Parte de lo que pretendemos es que la plata no se vaya para Calamar (empresa matriz del grupo CDO), que está reclamando 19 mil millones de pesos, sino a las manos de los propietarios. Es que la dueña del lote es la propiedad horizontal, no es Lérida CDO”. Y finaliza Diego Restrepo: ¿No es mejor que el lote lo compre el Municipio y no un particular para dejarlo 10 años congelado mientras cambia otra vez el POT y para presionar para que se vuelva un mall comercial?”.

En lo penal no ha precluido
Basada en el artículo 42 de la ley 600 de 2000, según el cual “la acción penal se extinguirá para todos los sindicados cuando cualquiera repare integralmente el daño ocasionado”, la fiscal seccional 80 de la Unidad de Vida solicitó en audiencia ante el Juzgado Octavo Penal del Circuito con función de conocimiento la preclusión de la investigación por homicidio culposo de 11 de las 12 víctimas de Space, en favor de Pablo Villegas Mesa, representante legal de la compañía Lérida CDO; María Cecilia Posada Grisales, directora de obras de la misma empresa, y del ingeniero calculista Jorge Aristizábal Ochoa. Teniendo en cuenta que la audiencia fue suspendida, el próximo 31 de octubre dicho juzgado decidirá en torno a la pretensión de la Fiscalía. También, el 11 de diciembre, la Fiscalía acusará formalmente a Pablo Villegas, María Cecilia Posada y Jorge Aristizábal por el homicidio culposo de Juan Esteban Cantor, residente de Space y quien perdió la vida el 12 de octubre de 2013. Su familia fue la única que se negó a conciliar con la constructora para recibir una indemnización.

Negociaciones, en revisión
Pese a que hace un poco más de 15 días 19 familias propietarias de Space firmaron un acta de intención de conciliación, como resultado de una reunión entre la Superintendencia de Sociedades, la Procuraduría, el Municipio, el liquidador de CDO, Pablo Villegas y sus abogados, a la fecha no han firmado los contratos de transacción definitivos con la constructora. El agente liquidador de Lérida CDO, Marco Tulio Zapata dice: “Se están formalizando los contratos de transacción, los deberá revisar la Superintendencia para luego ser firmados”. Cabe recordar que 11 familias más, propietarias de Space, representadas por el jurista Javier Tamayo en una acción de grupo, no firmaron el acta de intención. Sin embargo, según el gerente de Vivienda Segura, “al parecer tres de Tamayo (bufete de abogados Tamayo & Asociados) van a conciliar aunque la acción sigue con los que queden”.