Esta vez con toda la artillería.
Abrió fuego la Superintendencia de Industria y Comercio cuando dio a conocer el resultado de tres meses de investigación a las empresas involucradas (Kimberly Colpapel, Productos Familia, Papeles Nacionales, Cartones y Papeles del Risaralda y Drypers Andina) a cargo del superintendente delegado para la Protección de la Competencia, quien en un informe motivado de 300 páginas dejó en evidencia lo que desde el 2014 se sospechaba.
(Vergonzoso, por decir lo menos, que semejantes compañías hubieran caído de manera tan antiética y antiestética –las reuniones clandestinas, los correos electrónicos con lenguajes cifrados y los alias utilizados: Kiosco, Feos, Pitufos y Rosas las nivelan con carteles de esos que tanto conocemos– en una práctica atentatoria contra la libre competencia, de la que se suponía eran abanderados).
Por más blanco que sea el cuello, si se dejan curtir las camisas…
Los datos arrojados por la investigación producen indignación. Entre el 2000 y el 2013 tales empresas –a Drypers Andina la salvó la campana– participaron en un acuerdo ininterrumpido para la “fijación de precios mediante la concertación sobre el precio de venta de los productos, el porcentaje de incremento de ese precio y el porcentaje de descuento que podrían conceder a los canales de comercialización”.
(El 30 por ciento del incremento acordado en papeles suaves, entre los cuales el higiénico ocupa primer renglón, supuso a los integrantes de la perversa alianza un lucro de 300 mil millones de pesos a costa del deterioro de montones de canastas familiares. Y de los 13 millones y medio de hogares colombianos que, según estudios de consumo, conformarían el target de compradores de papel higiénico, tres millones han tenido que suprimirlo debido a que el porcentaje de subida supera el de la inflación).
Dice el informe: “Los gerentes generales de cada compañía involucrada en el acuerdo de precios tenían conocimiento de la práctica ilegal y participaron directamente de ella a través de contactos en los que definían el marco general del acuerdo. Mientras que funcionarios de menor jerarquía, pero que contaban con capacidad de decisión, se encargaban de la implementación práctica del mismo… Dicho acuerdo era parte de la cultura organizacional e incluso, una de ellas informaba sobre su participación a funcionarios nuevos en los procesos de inducción”.
(De casos aislados, nada).
Y así, cada revelación –incluyendo la del cartel de los delatores como deriva del de los precios– más indignante que la anterior, hasta que el Grupo Familia contestó el fuego con golpes de pecho públicos que si bien no se pueden desconocer, ya que en el lenguaje de las grandes empresas no existe la expresión “pedir perdón”, tampoco se deben aplaudir. Llegaron tarde e incompletos. ¿Cómo se va a reparar a las víctimas y cuáles serán las garantías de no repetición?
Dice en su comunicado la junta directiva: “Familia reconoce plenamente los errores que cometieron en el pasado algunos de sus directivos y otros empleados y acepta su responsabilidad. Estos errores no reflejan el origen de la Compañía ni sus logros alcanzados a lo largo de más de cinco décadas. Lamentamos profundamente estas acciones de algunos empleados y somos conscientes de la desilusión que esta situación causa entre quienes nos han entregado su confianza y lealtad”.
(Si el arrepentimiento es sincero u obligado sólo ellos lo sabrán y, la verdad, ya para nada importa. El daño está hecho y la confianza, resquebrajada).
ETCÉTERA: Y sí, Familia, usted desilusionó a empleados y consumidores. En materia grave, porque traicionó el aprecio general. Sobre todo en Antioquia, donde muchos tienen algún familiar, amigo o conocido trabajando orgullosamente para la empresa. Y donde en casi todos los carritos de mercado sobresalen productos de la marca. ¿Sobresalían? El tiempo lo dirá. (Lo que soy yo, me declaro en estado de total despecho).
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