El Poblado que toma, utiliza y se refresca con agua de las quebradas

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Aun con cobertura de servicios públicos, los acueductos privados todavía se utilizan en algunos barrios de las zonas altas

Por Laura Montoya Carvajal

Las quebradas que atraviesan El Poblado, que en total suman 106, son utilizadas por algunas personas y comunidades para surtirse de agua, incluso con la cobertura total de Empresas Públicas de Medellín. Según Marta Lucía Londoño, directora de Planeación, agua y saneamiento de esta entidad, aunque “no es un dato muy firme”, unos 1.600 domicilios de El Poblado no están conectados a su servicio de acueducto.

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Lo cierto es que en barrios como San Lucas, La Chacona, Los Parra, Los González, El Garabato, El Tesoro La Virgen y El Tesoro La Ye todavía es común que los vecinos capten agua para abastecerse, e incluso se vuelvan prestadores del servicio para otras viviendas. Este es el caso de El Tesoro La Ye. María Eugenia Mesa, presidenta de la Junta de Acción Comunal de este barrio, coordina junto a sus vecinos un acueducto con su respectiva planta de tratamiento, construida en 2002. “A El Tesoro La Ye fue el último lugar a donde llegó la cobertura de Epm, en 2006”, afirmó Mesa.

De la quebrada La Aguadita, que corre loma abajo pasando al lado de sus casas, 60 familias del barrio se abastecen, además de terceros a los que les prestan el servicio. Mesa relata que su esposo, de 85 años, vivió en el barrio desde que nació y siempre tomaron agua de la quebrada.

Sus sistemas de mangueras funcionaban bien, pero con la construcción de una vía cercana el agua de las cunetas terminó cayendo al cauce de donde se surtían. En otra ocasión, antes de que tuvieran su planta de tratamiento y acceso al acueducto de Epm, el contenido de un pozo séptico fue vertido en la afluente y esto afectó a los habitantes del barrio. Con la primera Junta de Acción Comunal se legalizaron, y ahora están concesionados por Corantioquia.

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Laura Catalina Gil, Jefe territorial de la oficina Aburrá Norte de esta autoridad ambiental, explica que toda fuente de agua que quiera aprovecharse debe ser legalizada. En la entidad, determinan el caudal de agua máximo que puede tomar el usuario para no afectar la cuenca y permitir que un remanente del fluido continúe bajando la ladera. “Deben construir unas obras de captación, control y reparto. En Corantioquia hacemos visitas periódicas, una vez al año, a los usuarios que captan cantidades significativas de agua o macrousuarios para verificar que las obras estén en buen estado y cumplan con el caudal asignado”, explica Gil.

Asimismo, la jefe territorial aclaró que quienes prestan servicios a terceros deben certificar la potabilidad del agua ante la Secretaría de Salud. La presidenta de la JAC de La Ye manifestó que se sienten orgullosos de manejar el acueducto y la planta de manera comunitaria, y destacó que se hacen cargo de la compra de químicos, reparaciones, mantenimiento y funcionamiento del sistema.


Mesa sostuvo, sin embargo, que contar con agua de su propio acueducto le significa un beneficio económico y comunitario, y aseguró que no han presentado problemas. La funcionaria de Epm discrepa de su apreciación: “Desde lo ambiental no es conveniente hacer demanda del recurso desde dos prestadores de un mismo territorio, además estos sistemas no tienen la misma rigurosidad técnica en su manejo”, recalcó.

Londoño también aclaró que la decisión de conectarse a uno u otro prestador de servicio recae en los usuarios, y que dada la cobertura de las Empresas Públicas en El Poblado, sería más adecuado que estos se conectaran al sistema, “que es más robusto y puede evitar los problemas de continuidad que les puede causar la sequía a los acueductos comunitarios”.

La presidenta de la JAC reconoció que son comunes las tomas ilegales en otros lugares de la comuna: “La gente todavía cree que las quebradas les pertenecen porque pasan por su territorio, no entienden la necesidad de legalizarse y potabilizar”. Por su parte, Gil indicó que reciben un gran número de quejas por tomas ilegales, que al no estar reguladas, afectan el caudal del agua a los vecinos y estos hacen la denuncia a la autoridad. “Cuando identificamos una toma ilegal, iniciamos un proceso sancionatorio en el que ofrecemos al infractor legalizarse y si no lo hace, se le imponen multas e incluso hemos cortado y retirado mangueras”. También describió que en muchas ocasiones los acueductos urbanos están en mal estado, debido a su antigüedad o precariedad técnica, lo que es peligroso para la estabilidad de los terrenos, entre otras cosas. “Tenemos una mesa de trabajo donde participan varias entidades del municipio para estudiar estar problemática”, agregó.


En Medellín, el principal problema del aprovechamiento de los afluentes por parte de las comunidades, según el Plan Ambiental Medellín 2012 – 2019, es la alteración de la calidad del agua que la causan los vertimientos de aguas residuales, basuras, la invasión de los cauces, entre otras. Para la Jefe territorial de Corantioquia, uno de los grandes problemas que vive El Poblado en este aspecto es la construcción de parcelaciones que no tienen permisos ambientales o de aprovechamiento de recursos. “Es un problema grave de planificación”, describió, argumentando que Corantioquia incluso ha tenido que negarse a dar los permisos después de construirse los edificios.

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“Al dar la concesión consideramos factores ambientales, como si son zonas de retiro o protección ambiental, o si se construye sin licencia y no cumple la norma de densidades. Con estas situaciones, el permiso se niega”, señaló. Riesgo en las quebradas

En El Poblado hay 11 barrios que tienen riesgo por su cercanía con quebradas como La Presidenta, La Escopetería, La Poblada y La Olleta. Según el Plan de Ordenamiento Territorial de 2014, los barrios Las Lomas No. 1, La Florida, El Poblado, Manila, Astorga y Patio Bonito están en riesgo de avenidas torrenciales, es decir, movimientos en masa de volúmenes altos de escombros dentro de las quebradas que pueden generar daños importantes. Por otra parte, El Tesoro, Los Balsos No. 1, El Diamante No. 2, El Castillo y Los Balsos No. 2 están considerados en riesgo de movimientos en masa (desplazamientos de suelo).

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