Por Daniel Palacio Tamayo
Aunque aún no se conocen cuántas personas están damnificadas por la intervención de Estraval en Medellín, cada historia puede ser una tragedia, o por lo menos, una incertidumbre sobre las inversiones en esta agencia de libranzas. Una mujer, que pidió la reserva de su nombre contó que ella había decidido depositar ahí el dinero producto del único apartamento propio que ha tenido para conservar ese dinero como seguro para el futuro de su hijo.
Una vez un asesor financiero le enseñó el portafolio a la mujer, ella contrastó información sobre Estraval y se dio cuenta que era una compañía seria, con solidez y que hacía operaciones legales por lo que no vio inconveniente en hacer parte del negocio que prometía buenos rendimientos. Y así fue “yo metí 60 millones y a los dos años tenía 90”, lo que le demostraría la seriedad y efectividad de esa sociedad. Ahora con más confianza volvió a invertir un monto similar al de la primera ocasión que en dos años serían suficientes para la educación superior de su hijo y la posible cuota inicial de otro apartamento.
“Ahora me quedé sin nada”, concluye la mujer, no sin antes preguntarse por el futuro de su hijo y de otros conocidos quienes tenían, por ejemplo, el dinero de su pensión invertido en Estraval y que se les iba revirtiendo en cuotas mensuales que significaban su sustento.
Es decir, lo que se hacía al invertir en Estraval era comprar los pagarés derivados de las libranzas asumidas por empleados quienes tomaban créditos que eran respaldados con sus salarios. Mientras los inversionistas aportaban el dinero para los préstamos a cambio de altas rentabilidades.
La ley 1527 de 2012 establece el mecanismos de libranzas como la posibilidad de que cualquier empleado, independientemente de su contrato, pueda “adquirir productos o servicios financieros acreditados con su salario, honorarios o pensión”, siempre y cuando, se autorice a la entidad a descontar automáticamente del salario mensual el monto adeudado.
El pasado 15 de junio, la Supersociedades decretó de oficio la liquidación judicial de Estrategias en Valores S.A.- Estraval S.A. y otras tres compañías vinculadas a las que se le embargaron y secuestraron tanto los bienes, como haberes y derechos. Al igual que una multa a Fernando Mondragón y Carlos Bastidas, representantes legales de la firma. De acuerdo al Superintendente Francisco Reyes, la decisión se tomó una vez se comprobó la “imposibilidad real de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus principales acreedores”.
El encargado de revisar las reclamaciones realizadas por los cerca de 4 mil damnificados que se estima hay en el país será Luis Fernando Alvarado Ortiz. El paso a seguir para quienes eran acreedores de Estraval es presentar en un plazo no mayor a 20 días a partir del 15 de junio, los documentos que certifiquen su relación con esta firma de libranzas.
El Superintendente Reyes explicó en rueda de prensa que a diferencia de una pirámide como DMG, Estraval realizaba movimientos legítimos amparados en la ley, pero que al parecer, debido a incumplimientos reiterados de algunas libranzas, la compañía entró en crisis de liquidez. Según estimaciones previas de la Superintendencia de Sociedades, hay por lo menos 500 mil millones de pesos en pagarés emitidos, pero que aún falta verificar cuánto de eso se debe o está incumplido.
Esta mujer asegura que está tranquila y confiada que con la intervención de las autoridades se le garantizará el retorno de su inversión, por lo que está en los trámites para iniciar las reclamaciones de su dinero que significaba más de una cifra en millones de pesos, el futuro de su hijo.
