Alias Puntilla fue muerto por la Policía en un apartamento de Santa María de los Ángeles. El hecho revive casos similares ocurridos en otros edificios. ¿Qué herramientas hay para verificar los antecedentes de un vecino?
Por Sebastián Aguirre Eastman / [email protected]
Carlos Mario Correa la califica como la experiencia más “extraña y azarosa” que ha vivido, y así lo contó en su libro Las llaves del periódico (Editorial Eafit, 2008). Ocurrió el 19 de marzo de 1993 en un edificio del centro de Medellín donde trabajaba de forma clandestina como corresponsal del periódico El Espectador, al cual le prestaba sus servicios desde 1988.
El diario sufrió el asedio del narcotraficante Pablo Escobar, Correa fue amenazado y se movilizaba por la ciudad sin carné de periodista. El Espectador le rentó una oficina que él ocupó con nombre ficticio y la fachada de ser un estudiante de contaduría. Allí dormía y solo salía a su casa en las mañanas para bañarse y desayunar. Luego regresaba para seguir con su rutina laboral.
Ese 19 de marzo, Carlos Mario escuchó en la radio que el Bloque de Búsqueda que perseguía a Escobar estaba realizando un operativo en el Centro y salió tras la noticia. Cerró la puerta de su oficina y de pronto se encontró con uniformados que subían con prisa por las escaleras.
Bajó hasta el primer piso, pero no lo dejaron salir del edificio. Se presentó como periodista y le pidieron esperar un momento. Luego subió hasta el piso 20, y la sorpresa que se llevó fue tan grande como la noticia: en el mismo edificio en el que había estado durmiendo y trabajando a escondidas del Cartel de Medellín, había sido muerto alias Chopo, Mario Alberto Castaño Molina, jefe del ala militar de la organización que dirigía Pablo Escobar y que lo había amenazado de muerte.
¿Quién verifica los antecedentes de un residente?
El pasado martes 4 de diciembre fue muerto en una urbanización de Santa María de los Ángeles alias Puntilla, Óscar Mauricio Pachón. Narcotraficante, jefe de la banda criminal Los Puntilleros, estaba libre desde abril de 2017 por vencimiento de términos, pero tenía una nueva orden de captura por homicidio.
El hecho revivió otros casos similares ocurridos en El Poblado. Entre otros, en marzo de 2018 fue capturado alias Vallejo en un apartamento de Castropol; en 2011 hubo un ataque sicarial en ese mismo barrio contra unos integrantes de la banda Los Pachelly, y en 2008 alias el Cebollero fue aprehendido en la loma de Alejandría.
¿Hay forma de detectar, y de advertir, la presencia de delincuentes de este calibre en una urbanización? ¿Qué pueden hacer las agencias inmobiliarias, las administraciones y las empresas de seguridad privada?
Federico Estrada, presidente de la Lonja de Propiedad Raíz -que agrupa al gremio inmobiliario en Medellín y Antioquia-, considera que un primer filtro es la revisión que las agencias deben realizar de quienes intervienen en el arrendamiento o compra de un inmueble para verificar que estos no aparezcan en listas de lavado de activos y financiación de terrorismo.
“Es importante recurrir a esas bases de datos y hacer un estudio del comportamiento del posible inquilino. Si a las personas no les gusta que les pidan papeles o proponen pagar por adelantado un año de arriendo, es porque hay algo raro. Por ello es clave la participación de un profesional inmobiliario para disminuir los riesgos”, afirma Estrada.
Sobre la responsabilidad que recae en las administraciones, Luis Hernando Mejía, presidente de la corporación cívica Corpoblado, opina que les es muy difícil saber quién va a ocupar un apartamento, y que esa tarea debe estar a cargo de las agencias inmobiliarias.
Lo que sí pueden hacer los administradores, de la mano de las empresas de seguridad, es estar atentos a comportamientos sospechosos que puedan ser advertidos a la Policía.
La vigilancia privada, con las manos atadas
La ley de Habeas Data, que protege la información personal recopilada en bases de datos que estén en poder de empresas públicas o privadas, ha sido una limitante para la verificación de los antecedentes de los residentes de las urbanizaciones, considera Hugo Jiménez, gerente de Óptima Seguridad.
“Quienes manejan las bases de datos son los administradores. Nosotros, por nuestro lado, no tenemos las herramientas jurídicas para verificar antecedentes”, sostiene Jiménez.
Los guardas, señala, acuden a sus estrategias de vigilancia para conocer quién es quién en una urbanización, pero la información que poseen es muy limitada.
¿Quién es su vecino? ¿Sabe?
Lea También:
Muerto alias Puntilla en operativo en Santa María de los Ángeles
