Acción popular en Los Parra contra Autobuses El Poblado

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No hubo acuerdo inicial
La acción popular está en el Juzgado Primero Administrativo del Circuito, a cargo de la jueza Omaira Arboleda Rodríguez. Inicialmente el juzgado citó a las partes implicadas: Municipio de Medellín, Autobuses El Poblado y los vecinos a una Audiencia de Pacto de Cumplimiento, en la que trató de acercar y conciliar a las partes. Esta audiencia estaba fijada para el 5 de diciembre de 2006, pero por solicitud de Gonzalo Alberto Pérez, Apoderado del Municipio se postergó para el 16 enero de 2007. “Sin embargo, a la reunión no asistieron el Representante de Autobuses El Poblado y el Apoderado del Municipio, aunque se habló de los proyectos para la ubicación de una nueva terminal, no hubo definición de plazos ni presupuesto que garanticen la ejecución del proyecto”, explica Luis Guillermo Martínez, abogado de la comunidad que interpuso la acción popular.

Lo que está haciendo Autobuses El Poblado
Jaime Sánchez, Asesor de Gerencia de Autobuses El Poblado, comentó que el representante legal de la empresa no pudo asistir a la audiencia de pacto cumplimiento debido a problemas de salud. Pero aclara que desde antes de la acción popular la empresa está trabajando con la Alcaldía para solucionar el problema de las terminales de buses en San Lucas, Los Parra y La Chacona. “El proyecto se ha incluido en el Plan Espacial del Poblado, sin embargo, la gente debe entender que la solución no solo depende de la empresa de buses; hay una serie de factores que la empresa debe cumplir. El año pasado estábamos agilizando la adquisición de predios pero debimos hacer una gestión más pausada mientras se definía la revisión y ajuste del Plan de Ordenamiento Territorial. Con la normatividad, se retomó la adquisición de predios. En la actualidad estamos negociando con dos sociedades, pero estas requieren la aprobación de la asamblea de propietarios, que por lo regular solo se desarrollan hasta marzo. Paralelo al negocio debemos hacer unos estudios para organizar los esquemas de circulación de las rutas y la operación y mitigar los impactos a la comunidad. Pero nuestra intención es que antes del fallo de la acción popular tengamos una solución conjunta entre la Alcaldía y la empresa para el beneficio de la comunidad”, afirma Sánchez. Mientras tanto, la empresa de buses afirma que para mitigar el problema de contaminación por ruido y gases ha renovado su parque automotor con buses de última generación y viene trabajando en la organización de los lavadores de carros y adecuado uso del espacio público.

Siguen las pruebas
Debido a la ausencia de Autobuses El Poblado y la falta de conciliación con el Municipio, no se pudo realizar el pacto de cumplimiento. Así que el proceso continúa con la fase probatoria, donde el Juzgado hace acopio de las pruebas documentales e interrogatorios de las partes. Además se incluye un dictamen de peritos que hacen un trabajo de campo para determinar el impacto del problema, como base para que el juez emita una sentencia en la primera instancia del proceso. De acuerdo con este primer fallo del juzgado, la parte demandada puede apelar y el proceso se extendería. Se espera tener una sentencia de esta primera instancia durante el primer semestre de este año.

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El abogado Martínez, apoderado de los residentes, resalta que la acción popular no se puede medir en función de la cantidad de personas demandantes sino en el derecho que se vulnera. En este caso, la exigencia del derecho a la movilidad en el espacio público y a un medio ambiente sano, deteriorado por los buses que usan las vías del sector como terminal.

Esta no es la primera vez que Autobuses El Poblado Laureles S.A. debe responder a una acción popular; en Laureles enfrentó una situación similar fallada a favor de la comunidad. Y hay otro precedente de un grupo de residentes de Belén que logró también un fallo a su favor en contra de otra empresa de transporte. No obstante, Autobuses El Poblado resaltó que debido a la necesidad de una buena oferta de transporte público, la Comuna 14 tendrá que aceptar la ubicación de las terminales cerca de sus barrios, eso sí, con mejores condiciones y servicios.

 
 
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