En mayo de este año Vivir en El Poblado dio cuenta de la salida del barrio Lleras de una de sus familias residentes de toda la vida. Diez vecinos, entre hermanos y sobrinos, con raíces en estas calles desde los años 30, que le dijeron basta a su entorno de siempre por unas razones de dominio público: “Esto ya es Lovaina en sus peores tiempos”, fue la frase de despedida.
No encontraron una autoridad que ofreciera atención oportuna, eficaz, solidaria, de amplio espectro y vigencia. Y se tuvieron que ir.
Hoy, cuando el compromiso de la Alcaldía y del Concejo de Medellín es otro, basta citar como prueba la asignación entre agosto y septiembre de una comisión especial y de un Gerente, cuyo rol clave será liderar la recuperación del corazón turístico y comercial de El Poblado, otra salida del barrio demuestra el nivel de deterioro que habían venido tolerando o promoviendo autoridades, comerciantes y clientes. En el Lleras contra las normas ha operado la ley del más fuerte, en todo su esplendor: por dinero, también de origen criminal, por excesos, por desidia.
Ahora el que anuncia su salida es el colegio Palermo de San José. La rectora, Adela Duque, aduce razones de inseguridad, ruido, basuras, caos vial y comercio sexual y añade una clave económica: en El Poblado se trabaja para pagar impuestos. Se van para La Estrella en 2019.
Zona Rosa, zona de privilegios y, en consecuencia, costosa para establecerse y operar, y al mismo tiempo, zona expulsora y con unas inercias tan complejas como la de la semana pasada: mientras las autoridades le intentan dar forma a la solución del fenómeno de la prostitución, que no es delito, y en consecuencia quienes la practican no son perseguibles y tienen, como los demás ciudadanos, derechos a estar, recorrer y esperar en el espacio público, pasó de mano en mano un volante que invitaba a mujeres a permanecer en una casa privada en el Lleras a la espera de clientes. La Policía investiga un caso de proxenetismo.
El del Lleras debe ser tratado no como un problema de perspectivas morales sino de corte social y económico, con respeto por el Plan de Ordenamiento Territorial y por los derechos de las personas. Las autoridades, y el comercio debe avanzar en la misma ruta, tienen que velar porque los trasteos no tengan perfil de expulsión y porque haya retornos en calidad proporcionales a los altos costos que representa ejercer una actividad en la zona.
