Las preguntas que la Alcaldía aún no responde

Desde 1988, cuando una carga de dinamita estalló frente al edificio Mónaco, este ha sido motivo de tensiones entre la Alcaldía y los habitantes de Santa María de los Ángeles

Por Catalina Peláez

Pasados doce años del primer atentado, en 1988, el edificio, entonces sede de la Fiscalía, fue blanco de otro ataque con explosivos. Ante el hecho, la comunidad inició un proceso de reclamación que culminó con una sentencia de la Corte Constitucional que ordenó el traslado de la Fiscalía argumentando “la conservación de la tranquilidad”.

En abril pasado el debate se reabrió cuando la Alcaldía anunció el traslado al viejo edificio de las sedes del Sistema del 123, la Central de Inteligencia de la Policía y la Secretaría de Seguridad.

• ¿La Corte ordena un traslado por conservación de la tranquilidad en Santa María de los Ángeles y la Alcaldía proyecta un uso también con fines de seguridad? La decisión genera muchas preguntas, pero la Secretaría de Seguridad, en cabeza del coronel (R) Sergio Vargas, optó por no ofrecer más declaraciones.

• ¿Por qué insistir en darle un uso diferente al edificio, cuando su licencia es de carácter residencial?

• ¿Por qué desconocen los antecedentes señalados por la Corte?

• ¿Por qué en la primera solicitud de licencia ante la Curaduría se referían a “demolición parcial” y no a cambio de uso de la edificación?

El clamor de la comunidad
Ese mismo silencio también preocupa a los residentes que por años han tenido que vivir bajo la incertidumbre de lo que las autoridades de turno decidan hacer con el Mónaco. Hoy se preguntan ¿cómo es posible que la Curaduría Segunda haya radicado el trámite, si faltaban documentos para soportarlo como planos, estudios geotécnicos y de suelos?

“Esos son requisitos de ley inexcusables, nunca la Curaduría pudo haber admitido un radicado en legal y debida forma”, comenta Claudia Hincapié, abogada representante de los residentes. Tampoco se explican cómo el Municipio pretende dar uso institucional al inmueble si no existen licencias que den cuenta de la transformación de la propiedad a un uso distinto al residencial.

Pero lo que más los sorprende es cómo desde el Municipio se desconoce el clamor general. Al barrio le preocupan los riesgos de atentados, la contaminación y la congestión.