Con cara gano yo y con sello pierde usted

    Con cara gano yo y con sello pierde usted
    Esa parece ser la consigna de muchas empresas en su trato con los ciudadanos. ¿Quien protege realmente a los usuarios?

    No todos los atracos son a mano armada. Así se deduce de muchas de las llamadas y de los mensajes que constantemente recibimos en Vivir en El Poblado a través de correos y redes sociales. En ellos, los ciudadanos cuentan, impotentes, los abusos y estafas de los que son objeto todos los días. No se refieren al típico “paquete chileno”, ni a ladrones en moto, ni a apartamenteros, ni a escaperos, ni a vacunadores. Se quejan de los abusos que cometen con ellos empresas reconocidas, algunas de ellas paradigmas en prestación de servicios bancarios, públicos, de transporte aéreo y de telefonía celular, entre otros.
    El tema es recurrente en entrevistas, reuniones familiares y sociales. Llama la atención que de estos “atracos lícitos” no se escapan ni personajes reconocidos, ni congresistas, ni el mismo defensor de los consumidores de Antioquia. Qué esperanza tendrán entonces los ciudadanos comunes y silvestres, esos que no tienen tiempo de leer la letra menuda de sus cuentas de cobro, ni de hacer largas filas para interponer reclamos de ventanilla en ventanilla en un circuito sin fin, ni pueden pedir permisos para ausentarse del trabajo por causa diferente a la calamidad doméstica, ni pueden suspender por horas sus actividades para tratar, en vano, de comunicarse con un call center que, paradójicamente en esta sociedad de la información, en vez de comunicar, incomunica.
    Son usuales las cuentas con errores, siempre en contra del usuario, qué casualidad. Abundan los cobros descarados de “servicios” de información vía celular que no se han solicitado, mensajes de texto insulsos por los cuales el usuario debe pagar más de 20 mil pesos mensuales. Para que le inhabiliten ese abuso, que no ha pedido ni le interesa, tiene que perder mucho tiempo tratando de comunicarse con “servicio al cliente” donde, después de darle muchas vueltas, sentencian que el servicio se debe clausurar por escrito. Por supuesto, el trámite casi nunca es efectivo. Por lo general, siguen llegando los mismos mensajes y su respectivo cobro, a lo cual la mayoría de clientes prefiere resignarse antes que embarcarse de nuevo en una lucha estéril. Otros “atracos” son por omisión, como aquellos en que las empresas se abstienen de informarles a sus usuarios que pueden cambiarse a un plan más económico, y estos siguen pagando mucha más plata por un servicio por el que los clientes nuevos pagan menos.
    ¿Es que acaso nadie piensa que esta manera de proceder abusiva, tolerada por la sociedad, es un pésimo ejemplo y un mal precedente? ¿Acaso nadie se da cuenta de que con esta permisividad estamos avalando la deshonestidad y el engaño en el comportamiento social? ¿Para qué sirven las superintendencias y los organismos de control, si estos abusos se siguen cometiendo como si nada pasara? Con cara gano yo y con sello pierde usted, esa parece ser la consigna.